Una ley consensuada, no impuesta

El proyecto de la futura Ley de Caza vasca inquieta a los sectores cinegéticos por las posibles nuevas restricciones que se pueden aplicar sin ningún tipo de acuerdo.

Una ley de caza para Euskadi es necesaria, actualizada y racional, acorde a lo que se pueda cazar en nuestros territorios y que se pueda compatibilizar con otras actividades en el medio natural en que se desarrolla. Pero debiera ser una ley consensuada y aceptada entre todas las partes implicadas, que no son pocas y bien diferenciadas entre sí. En lo que a los cazadores toca, a nadie se le ha ocurrido pedir cazar en la Gran Vía o en parques públicos, ni sandeces similares, porque en el colectivo se es bien consciente de que tiene que haber limitaciones. Razonadas, entendidas y aceptadas, pero no impuestas, que sería el peor de los escenarios para todos, sin duda.

El ambiente social que rodea a la caza no es muy favorable: la gente que desconoce la actividad, más en los entornos urbanos, cuenta a menudo con una imagen distorsionada que quizá los propios cazadores hemos permitido creciera sin límite. La caza supone además de afición, esfuerzo, dificultades, ingentes dosis de ánimo y algunas veces, al final del proceso, la muerte de un animal. Algo que se entiende en el ámbito rural como parte de un proceso, pero que casi siempre es vilipendiado en la sociedad urbana. Aunque sea por egoísmo, los propios cazadores son precisamente los más interesados en la conservación del medio natural y de las especies objeto de caza: para poder seguir cazando. Y hasta los más extremistas reconocen que la caza puede servir como reguladora del medio por personas vinculadas y conocedoras del entorno.

restricciones La protesta de Adecap, primera entidad asociativa de caza y pesca en Euskadi, junto a las federaciones, sólo tardó en llegar lo que duró la primera lectura del proyecto que el gobierno pretende hacer ley. Su comunicado enviado hoy hace una semana transmitía que no contaba con su respaldo e indirectamente hacía un llamamiento a consensuar el texto que regirá la caza en Euskadi, alcanzando puntos de acuerdo entre implicados. Tarea en la que seguramente se está en estas fechas a través de alegaciones al texto conocido. Igual que la Federación. Quien opine lo contrario se equivoca de lleno. Aún no toca sacar los tambores ni las cornetas. Ojalá no hagan falta. Pero es que quedan por aclarar unos cuantos puntos que no han caído nada bien entre los cazadores. Duplicar por ejemplo algunas distancias de seguridad vigentes, vedar zonas libres inferiores a cien hectáreas seguidas, denominar días de fortuna por heladas, anular expresamente cualquier posibilidad de contrapasa o una inapropiada clasificación de las infracciones, por exageradas o claras indefiniciones, dejan la puerta abierta a la interpretación de la autoridad de turno, que además se amplía en efectivos.

Volvamos al principio. Aprovechar los recursos con racionalidad. En Bizkaia y Gipuzkoa se depende de la llegada y paso de aves migradoras. Nadie pretende cazar desde caseríos o zonas urbanas, sin obviar sitios problemáticos concretos en las que los propios cazadores o las autoridades debieran poner remedio urgente. Prohibir cazar con heladas sin otro detalle significaría proscribir la caza entre octubre y enero. Considerar muy grave, con multa de dos a seis mil euros y de tres a cinco años sin licencia, cazar sin tener el seguro vigente o en los días de fortuna descritos antes es a todas luces desproporcionado, igual que soltar caza viva sin autorización, entre otras infracciones, que sin duda lo son. Si ya de por sí el cazador es una figura controlada y que parece culpable incluso sin hacer nada, la nueva ley deberá servir para poner muchas cosas en su sitio, prohibiendo lo necesario y autorizando lo razonable. Sin lesionar gratuitamente el capítulo de derechos, acompañado, por supuesto, de las correspondientes obligaciones. El resto no sería legislar, sino imponer. Se lo iremos contando.

J.ATXA

DEIA