miércoles, 16 de febrero de 2011

La Ley de Caza establecerá un perímetro de seguridad para chalés, granjas y casas rurales

Los grupos de la Cámara vasca acuerdan fijar 150 metros para edificios aislados y 200para las explotaciones agrarias y agroturismos.

El Parlamento Vasco desbloqueó ayer uno de los puntos que había atascado el proyecto de la Ley de Caza presentado el año pasado por el Gobierno de Vitoria: las distancias de seguridad que deben respetar los amantes de la práctica cinegética en torno a los lugares habitados y edificios aislados. No obstante, el pacto al que llegó la ponencia de la Cámara -150 metros para chalés y 200 para granjas y casas rurales- fue rechazado «de plano» por los cazadores, que sólo aceptan 100 metros de protección para esos enclaves, si bien sí admiten 200 para los agroturismos. «No aceptaremos otra cosa. No entendemos las restricciones cuando nunca han existido problemas», declaró a este periódico Juan Antonio Sarasketa, presidente de la Asociación para la Defensa del Cazador y Pescador Vascos (Adecap).

La cuestión de las distancias afecta a Vizcaya y Gipuzkoa, donde la caza es libre, pero no a Álava, donde sólo se practica en cotos. La ponencia parlamentaria, integrada por PNV, PSE, PP y Aralar, había aparcado este delicado asunto hasta el final de sus deliberaciones, consciente de lo difícil que resulta conciliar los intereses de los cazadores (110.000 licencias en Euskadi), de los baserritarras (700 granjas consideradas prioritarias) y de los propietarios de agroturismos (365 establecimientos). Y es que los tres colectivos no han dejado de ejercer intensas presiones sobre los partidos vascos, sin olvidar a ecologistas, ornitólogos, montañeros y seteros.
Al final, tras haber debatido a puerta cerrada las enmiendas al proyecto de ley, el texto que los grupos parlamentarios han elaborado para el debate público en comisión -y más tarde en el pleno- fue definido ayer por el parlamentario socialista Benjamín Mujika como «un punto común que no lesiona a nadie, porque, al final, se trata de un problema de convivencia y seguridad».
El documento de la ponencia establece que, cuando se trate de chalés y caseríos solitarios, así como de refugios y similares, los cazadores habrán de respetar un área de 150 metros. Esa distancia es la resultante de dibujar un perímetro imaginario de 50 metros (jardín, huerta o invernadero) y de sumarle otros 100 como espacio de seguridad propiamente dicho. Lógicamente, a efectos prácticos, habría que computar también el alcance de la escopeta (unos 60 metros para el perdigón de mostacilla).
Recorte de 50 metros

Todos estos matices, introducidos a instancias del PP, no han convencido en absoluto a Adecap, a pesar de que los partidos han recortado de hecho 50 metros a la propuesta que el proyecto de ley contemplaba inicialmente para los edificios aislados. Además, han aclarado que no se va a aludir a cualquier construcción, sino específicamente a una susceptible de ser habitada. El cazador, eso sí, deberá disparar siempre de espaldas a la zona de seguridad, de modo que si aparecen perdigones dentro de los 150 metros, no habrá ninguna duda de que el aficionado ha vulnerado la normativa.

Igualmente, los grupos de la Cámara han incluido a los agroturismos entre los enclaves a los cuales se aplicará la máxima distancia de seguridad, 200 metros, al mismo nivel que los núcleos rurales y urbanos, una novedad respecto al proyecto de ley. Los cazadores no se oponen a esa modificación, pero sí rechazan que se beneficien del mismo radio de protección las explotaciones agropecuarias prioritarias.

Lo que los partidos no han tocado en el proyecto de ley son las distancias de seguridad para bidegorris y rutas de interés ecológico (20 metros) y para ríos y caminos públicos (50). El texto también queda igual en lo que atañe a los puestos de tiro en Vizcaya y Gipuzkoa, criticados por los ecologistas. En principio, se permite a las diputaciones mantener los puestos que han sido aprobados excepcionalmente desde hace tiempo en zonas de seguridad. Y se les autoriza a crear otros nuevos en el futuro.

Este tema ha provocado varios conflictos entre las instituciones. Uno de ellos enfrenta al Ayuntamiento de San Sebastián con la Diputación sobre los usos del monte Ulia. En ese lugar existen puestos de caza, pero el alcalde Odón Elorza quiere impulsar un parque.
EL CORREO

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